La Ley de Dependencia, que lucha por sobrevivir entre impagos prácticamente desde su aprobación en 2006, ha sufrido una nueva embestida en los Presupuestos Generales del Estado para 2012.
En las cuentas públicas queda eliminada una parte del monto destinado al desarrollo de esta ley. Concretamente, ha desaparecido el ‘nivel convenido para la Dependencia’ –dinero entregado a las comunidades para compensar circunstancias particulares- al que se destinó el año pasado 283 millones de euros. El Ministerio de Sanidad ha aclarado que esa cantidad sólo es una “pequeña parte” de la partida dirigida a cubrir las necesidades de los discapacitados y que, en absoluto, supone eliminar la financiación de la Ley de Dependencia.
No es mucho, si se tiene en cuenta que sólo eliminan 283 millones de los casi 1.500 millones de euros que se incluyeron para esta prestación en las cuentas de 2011. Sin embargo, muchos comienzan a ver en este recorte el primer paso para tirar abajo la ley, que desató desde sus inicios la guerra entre el Gobierno de Zapatero, responsable de su aprobación, y algunas comunidades del PP. Enfrentamientos políticos provocados por el dinero, que nunca parece llegar, y que siempre han ido en perjuicio de los beneficiarios.
En el caso de Madrid, por ejemplo, Esperanza Aguirre llegó a quejarse de lo caro que le salía a la comunidad esta atención a los discapacitados. “El Estado sólo pone un euro de los cuatro que debería dar para Dependencia”, llegó a denunciar la presidenta. Con la eliminación de esta partida, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anula los convenios suscritos en materia de dependencia con las comunidades autónomas y que, según el artículo 32.3 de la citada ley, establecen “criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores”.
Se incrementa el mínimo Estás circunstancias particulares indican que será Andalucía la comunidad más perjudicada por esta decisión. Con el mayor número de personas dependientes, recibió el año pasado unos 70 millones del fondo que ha quedado suprimido. Aunque, en total, el Estado dio a esta comunidad 430 millones de euros para desarrollar la ley. El Ministerio de Sanidad se ha apresurado a aclarar que la partida presupuestaria total para Dependencia en realidad “aumenta” respecto a 2011, puesto que la eliminación esos 283 millones permitirá mejorar la ayuda estatal media para cada dependiente, lo que implicaría que cada persona atendida reciba más dinero para su asistencia.
Esta afirmación se podría explicar analizando las tres vías de financiación que contempla esta ley: la aportación directa del Estado, donde se fija la ayuda mínima por dependiente; el complemento de cada comunidad; y un suplemento regulado por convenio entre el Gobierno central y las autonomías para compensar las especificidades de cada región. Esta última es la que ha sido anulada. Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que con el incremento del mínimo destinado al dependiente es como si esa parte quedara integrada en el total que financia la Administración General. Habrá que esperar al desglose pormenorizado de los presupuestos para determinar cómo y cuánto se verán afectadas las necesidades de los dependientes.
Fuente:http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/30/solidaridad/1333143302.html