La «consellera» Capdevila apoya el nuevo reparto de fondos aprobado hoy por la ministra Jiménez
Catalunya recibirá este año 47,5 millones de euros para el desarrollo de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, lo que supone un aumento del 31,9% respecto al año anterior gracias a que el Consejo Interterritorial de la Dependencia ha decidido hoy que el «nivel acordado» de financiación dejará de distribuirse únicamente en función de la población. Un 20% de esos fondos se distribuirán según el número de personas evaluadas.
Así lo ha explicado la consellera de Acció Social y Ciutadania de la Generalitat, Carme Capdevila, tras la reunión del Consejo Interterritorial de la Dependencia, que ha presidido hoy en Madrid por primera vez la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.
La consellera destacó que desde Catalunya se ha dado «apoyo» al primer paso en la modificación del criterio de reparto de la financiación, que pasa de destinarse únicamente en función de la población, a otorgarse un 20% según el número de personas evaluadas.
Para Capdevila, esta nueva ponderación supone un «reconocimiento» al trabajo que han hecho las comunidades autónomas, y sobre todo, «de las personas que las regiones han valorado».
Primer paso hacia un nuevo reparto
A partir de ahora, Catalunya solicitará que se siga «avanzando» en este primer paso, para que la proporción del reparto sea del 50% en función de la población, y del 50% de las personas evaluadas, frente al «20-80» actual.
En la reunión, la ministra ha explicado a los consejeros que el Gobierno destinará a este fondo 283,1 millones de euros, un 17,5% más respecto al 2008.
Según ha dicho, las Comunidades Autónomas recibirán este año financiación para la ley a través de tres vías: el nivel mínimo (la financiación general y automática por beneficiario), el nivel acordado y el fondo extraordinario de 400 millones para dependencia del Plan
Estas partidas suman 1.600 millones de euros, lo que supone un 79% más que el año pasado.
Más agilidad y más eficacia
Con el objetivo de mejorar la eficacia y agilidad de las actuaciones y lograr un intercambio de experiencias, el Ministerio ha propuesto en la reunión la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para la aplicación de la ley.
Jiménez ha señalado que se ha acordado una postura intermedia entre regiones como Andalucía, que pedían el reparto al 50% según la población y el número de personas evaluadas, y algunas del PP que querían mantener la distribución actual que otorga el total de los fondos según la población.
Desde la puesta en marcha de la ley, 628.614 personas tienen derecho reconocido a recibir las prestaciones contempladas en la norma, de los cuales 430.669 son grandes dependientes y el resto dependientes, los dos grados amparados por la ley.
* Informació de El Periódico de Catalunya (15 d’abril de 2009 )