El coste económico de los trastornos mentales supone un 8% de nuestro PIB. Según los datos referidos a 2010 los trastornos mentales y neurológicos suponen un gasto de 84.000 millones y desglosado, el coste de los trastornos mentales supone 46.000 millones de euros frente a los 38.000 millones de euros que supone el abordaje de los trastornos neurológicos.
La preguntas que deberíamos hacernos ante estos datos serían ¿está justificado ese gasto en trastornos mentales? ¿Es necesario un gasto de 5.056 millones de euros en atender las adicciones?
No tengo la respuesta, pero sí creo que se podría mejorar bastante la atención a los pacientes afectados por ambos con ese dinero, o mejor dicho, a los pacientes afectados de trastornos mentales, ya que los trastornos adictivos forman parte de los trastornos mentales, por mucho que nuestros gestores políticos, a base de contradecir la evidencia científica, se obstinen en mantener una red para la atención a los trastornos mentales y otra para la atención a las drogodependencias. Digo esto porque cada vez es mayor la evidencia de procesos neurobiológicos y psicológicos comunes a los trastornos mentales y adictivos lo que debería conllevar un tratamiento único para ambas patologías.
En cambio, nos encontramos que los pacientes afectados por un trastorno mental y otro adictivo siguen siendo tratados en dos recursos asistenciales distintos, con lo que ello conlleva de despilfarro de recursos y de molestias para el paciente que tiene que estar acudiendo a distintos recursos para ser tratado.
La gran mayoría de los profesionales nos hemos pronunciado a favor de una integración de ambos recursos asistenciales en un único recurso, donde el paciente pueda ser tratado de su patología. No obstante, en nuestra comunidad autónoma y en algunas más del territorio nacional sigue existiendo esa duplicidad.
Por otro lado, ese caos organizativo ha provocado la existencia de una red mixta, pública y privada pero conveniada con la administración donde las tareas se han difuminado y todos intentan pescar del río revuelto que supone la inyección de dinero público. Así el movimiento asociativo que en un primer momento tuvo que hacer frente con escasos recursos a la “epidemia” de la heroinomanía sigue prestando servicios asistenciales dando lugar a la ruptura del principio básico de normalización de la atención, esto es si se trata de una patología debe ser tratada en los recursos “normales” de atención sanitaria y no en recursos ad hoc.
Desde un punto de vista tanto clínico como científico y organizativo hace ya bastante tiempo que los gestores públicos deberían haber replanteado la organización asistencial de los servicios de atención a la salud mental, en Inglaterra ya lo han hecho. Por todo lo anterior y porque vivimos en un mundo donde la prevalencia e incidencia de trastornos adaptativos que vienen derivados de las condiciones sociales y económicas en las que vivimos van en aumento y deben ser tratados antes de que deriven en un trastorno mental, no obstante, la atención a esos trastornos sigue siendo abordada desde un enfoque exclusivamente farmacológico con lo que conlleva de iatrogenia y de ineficacia por suponer un abordaje inexacto.
Se hace necesario, digámoslo una vez más, por un lado replantear el catálogo asistencial de los trastornos adictivos en una red pública integrada en los servicios de atención a la salud mental y por otro es imprescindible si se quiere reducir el gasto farmacológico y evitar los daños derivados de los efectos secundarios así como los derivados de una inadecuada solución a los problemas adaptativos integrar profesionales de la psicología en atención primaria.
Negar todo esto conlleva como siempre un déficit de atención a una gran parte de la población que no puede costear una atención privada así como provocar un gasto superfluo y un incremento en la incidencia de la psicopatología en la población.
Fuente: http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/atencion-salud-mental_976773.html