La financiación para la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia ya se ha visto minorada en 2011. Los recortes en gasto social que ya están realizando las administraciones y la proyección de continuarlos e intensificarlos puede conducir a la paralización del desarrollo de la Ley estatal de atención a la dependencia, o a su desnaturalización, convirtiendo lo que debe ser un Sistema basado en la prestación preferente de servicios, en un Sistema de concesión y gestión de ayudas económicas, que ni garantizan que las personas en situación de dependencia reciban los cuidados y atenciones que precisan, ni se obtendrán  los beneficios sociales, económicos, de empleo y de género que la correcta aplicación de la Ley proyectaba.

Para la secretaría de Política Social de CCOO, la crisis no puede ser la tapadera de las ineficiencias y falta de rigor que determinadas administraciones han tenido con respecto al gasto público y su gestión. Ni puede ser la excusa para debilitar o frenar el desarrollo de los servicios sociales públicos, permanentemente infrafinanciados y ocupando un escaso porcentaje con respecto al total del gasto social público, que a su vez, ha perdido peso con respecto al PIB, justo en la etapa de crecimiento económico (1994-2006).

 

Durante los años 2009 y 2010, se han creado 145.000 nuevos puestos de trabajo derivados de la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, y ello a pesar de que las administraciones han hecho un uso excesivo de la prestación económica, situándola entorno al 50% del total de prestaciones. Así, el gasto social en dependencia ha demostrado su capacidad real de crear empleo, que ha permanecido en valores positivos durante la etapa más intensiva de destrucción de empleo, en el conjunto de la economía.

Por otra parte, informes de CCOO indican que del gasto público que se realiza en dependencia, las administraciones obtienen un retorno económico que se sitúa entre el 60 y 65%, luego, a juicio de CCOO, no existe argumento en el que poder sustentar el recorte en gasto público para el desarrollo de la Ley de dependencia; por el contrario existen sobradas razones que debieran impedirlo. 

Fuente: http://www.sanidad.ccoo.es (12/09/2011)