El Centro de Detención de Tokio, uno de los siete lugares del país donde se llevan a cabo ejecuciones.

El gobierno de Japón sigue ejecutando a presos con enfermedades mentales, según revela un nuevo informe de Amnistía Internacional.

El informe, titulado Hanging by a thread: mental health and the death penalty in Japan, destaca los casos de cinco presos con enfermedades mentales, dos de ellos ampliamente documentados en informes médicos. Los cinco están en espera de ser ejecutados.

Se desconoce el número exacto de presos condenados a muerte que sufren enfermedades mentales. El hermetismo que rodea la pena de muerte y la salud de los presos, así como la ausencia de un control por parte de especialistas independientes en salud mental, ha hecho que se acuda a testimonios y documentación de segunda mano para evaluar el estado mental de estos presos.

La política del gobierno es no permitir acceder a ellos y las peticiones de acceso de Amnistía Internacional han sido denegadas.

El informe de Amnistía Internacional también pone de manifiesto que deben mejorar las condiciones de reclusión para evitar que las personas condenadas a muerte desarrollen enfermedades mentales graves.

Al no impedir las ejecuciones de presos con enfermedades mentales, Japón vulnera las normas internacionales que ha suscrito, según las cuales las personas con enfermedades mentales graves deben ser protegidas de la pena capital.

A fecha de hoy, 10 de septiembre, hay en Japón 102 personas condenadas a muerte en espera de saber si el gobierno los ejecutará o no. Quienes han llegado al final del proceso legal afrontan una condena que puede cumplirse con sólo unas horas de aviso. Para ellos, cada día puede ser el último.

La llegada de un funcionario de prisiones con una orden de ejecución supondría su ejecución en unas horas. Algunos viven así año tras año, en ocasiones durante décadas.

“Permitir que un preso viva durante un largo periodo bajo la amenaza diaria de una muerte inminente es cruel, inhumano y degradante,” ha dicho James Welsh, coordinador del Equipo de Salud y Derechos Humanos de Amnistía Internacional y principal autor del informe.  “Los estudios de Amnistía Internacional en todo el mundo han demostrado que las personas que sufren enfermedades mentales corren especial peligro de acabar en el pabellón de los condenados a muerte.”

“Los trastornos mentales pueden inducir a la comisión de crímenes, incidir negativamente en la capacidad de un acusado de participar en una defensa legal eficaz y es probable que desempeñen un importante papel en la decisión de los presos de no continuar con el proceso de apelación. En Japón, los condenados a muerte corren peligro de desarrollar enfermedades mentales graves. ”

Según el informe, el trato que Japón impone a los presos condenados a muerte constituye un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las condiciones de reclusión son duras y los condenados a muerte están especialmente expuestos a desarrollar problemas de salud mental debido a su aislamiento y escaso contacto con otras personas.

A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que a los presos condenados a muerte no se les permita hablar entre sí, una restricción impuesta por el estricto régimen de aislamiento al que están sometidos. El contacto con familiares, abogados y otras personas puede estar limitado a visitas de tan sólo cinco minutos.

No se les permite moverse salvo para ir al baño, y deben permanecer sentados en su celda. Además, tienen menos acceso al aire libre y la luz del sol, y más probabilidades de sufrir castigos extra por infringir las estrictas normas que se les imponen.

“Estas condiciones inhumanas aumentan la ansiedad y la angustia de los presos y en muchos casos los empujan hacia la enfermedad mental”, ha dicho James Welsh.

El informe pide al gobierno de Japón que establezca una suspensión de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. También le insta a que revise todos los casos en los que la enfermedad mental pueda ser un factor pertinente, a asegurarse de que los presos con enfermedades mentales no son ejecutados y a mejorar las condiciones de los presos para que no sufran un deterioro en su salud mental ni desarrollen enfermedades mentales graves.

Fuente: http://www.amnesty.org/es