Cerca de 400.00 personas padecen alguna enfermedad mental en España. La muerte por el tiro de un guardia civil del batería de Los Piratas, Javier Fernández —con un trastorno bipolar diagnosticado—, o el caso de la mujer que sacrificó a su bebé en un altar en Toledo tras ser dada de alta reabren el debate de cómo controlar a estos pacientes. Asociaciones y especialistas coinciden en que España necesita mejorar y exigen más seguimiento, mejores leyes y más recursos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles pide poder llevar “armas no letales”.
“No podemos estar matando y encarcelando a enfermos mentales que podrían tener una vida normal con un tratamiento adecuado”, reclama Concha Cuevas, presidenta de Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en Andalucía y hermana de un afectado. En España hay cerca de 400.000 diagnosticados de enfermedades mentales como esquizofrenia y trastorno bipolar. Asociaciones como Feafes denuncian que están estigmatizados, que cada vez tienen menos camas hospitalarias para ellos mientras fallan también los recursos para atenderles fuera y que les trate personal no especializado.
El batería de Los Piratas y la mujer que supuestamente degolló a su hijo en un altar de Toledo tenían trastornos mentales diagnosticados. Los Mossos d’Esquadra investigan si también sufría una patología el joven que acabó con la vida de su madre el 5 de agosto en Rubí y se marchó a la playa dejando el cadáver. También este verano, un hombre mató presuntamente a su madre y a su hermana en Barcelona y declaró que le hacían brujería.
“Es fundamental saber que muchos de estos pacientes no tienen conciencia de su enfermedad y no acuden a los recursos sanitarios. Y ahí empieza la gran diferencia”, explica Fernando Santos, fiscal de la sección de protección de personas con discapacidad de la Fiscalía de Córdoba con 25 años de trayectoria.
Sobre el papel, la Ley General de Sanidad de 1986 les reconoce atención sanitaria cuando la requieren pero también si no acuden por propia voluntad. Pero este seguimiento apenas se produce, según los afectados. “Con las competencias transferidas, hay grandes diferencias entre comunidades. Cataluña o País Vasco están muy avanzadas, pero en Extremadura o Andalucía hay carencias en servicios de proximidad”, lamenta Manuel Movilla (59), enfermo de trastorno bipolar y portavoz del comité de enfermos mentales en Andalucía.
Movilla solicita que se extiendan experiencias “de éxito” como los llamados programas asertivos comunitarios en los que especialistas ambulantes llegan al enfermo allá donde esté. “Todo el mundo entiende que hace falta una atención inmediata y en el sitio ante un infarto de miocardio. Para una crisis de salud mental es exactamente igual, en ambos casos el paciente puede morir”, ejemplifica. Este hombre es bipolar, como el batería de Los Piratas. La familia del músico fallecido tras recibir un tiro de un guardia civil denunció que su psiquiatra le acababa de retirar la medicación pese a sus quejas. “Yo nunca dejaría que me la retiraran. Este es un trastorno mental muy complicado y hay que tener cuidado”, sostiene Movilla. La presidenta de Feafes denuncia que, con la crisis, hay casos en los que la medicación se retira por “cara”. “Siempre se pide más dinero para la salud mental y es cierto que hace falta, pero no creo que hayan afectado los recortes ni que se retire medicación por cuestiones económicas”, sostiene por su parte el doctor José Manuel Montes, jefe de sección de Psiquiatría del hospital universitario Ramón y Cajal. Este especialista recalca la importancia de un buen seguimiento para evitar recaídas “que pueden llegar seguro si se abandona el tratamiento”.
Existen protocolos sobre cómo deben actuar las fuerzas de Seguridad del Estado cuando se requiere su apoyo. El que aplican en Salamanca, que citan varios expertos como modélico, señala que deben ayudar “en la contención física del enfermo” en situación de peligro pero “de forma subsidiaria y de apoyo”, es decir, a las órdenes del médico. “Cuando ocurre un caso de estos, nadie quiere ir”, admite Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). “Nuestra preparación en la academia es deficiente y luego te enfrentas a un caso así sin saber los antecedentes de la persona”. La AUGC pide poder portar “armas no letales, como porras eléctricas para reducir a un enfermo”. Y reclama que se estandaricen “los pasos a seguir”.
“Debería haber una ley que fije quién y cuándo intervenir en el proceso”, añade el fiscal Santos, que la reclama desde 1999. “No encuentro ningún ámbito donde la justicia esté más vulnerada que el de los enfermos mentales y sus familiares”, concluye.
Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2015/08/29/actualidad/1440875220_914535.html